El artículo advierte que la combinación de prisión domiciliaria para exfuncionarios condenados por corrupción y la presencia de internos de alto riesgo que siguen operando desde las cárceles vulnera la seguridad y exige una reforma penal profunda.

Argentina enfrenta una paradoja judicial y penitenciaria: mientras exfuncionarios condenados por corrupción obtienen prisión domiciliaria con controles débiles y requisitos poco claros, internos de alto riesgo —integrantes de mafias, organizaciones criminales o redes violentas— continúan manejando actividades ilícitas desde las cárceles. Esta doble inconsistencia erosiona la confianza en las instituciones y distorsiona el sentido de la sanción penal.

La normativa vigente carece de herramientas específicas para delitos de alto impacto social, especialmente aquellos vinculados a la corrupción y al crimen organizado. Tampoco existen protocolos eficaces para impedir que detenidos con poder, recursos o conexiones mantengan influencia desde el encierro. La falta de controles tecnológicos, supervisión reforzada y regímenes diferenciados deja espacios abiertos que son aprovechados por estructuras criminales.

El texto reclama avanzar hacia una reforma integral que establezca con claridad quién puede acceder a beneficios como la prisión domiciliaria y bajo qué condiciones, además de crear un régimen especial para presos de alto riesgo. Solo un marco legal moderno, con estándares estrictos de control y seguimiento, permitirá garantizar que la pena cumpla su función: proteger a la sociedad, limitar la capacidad operativa de los delincuentes y fortalecer la credibilidad del sistema judicial.