El gremio ATE anunció interrupciones rotativas entre el 18 y el 24 de marzo que podrían provocar demoras y cancelaciones en vuelos de todo el país.
El conflicto salarial entre los trabajadores de la aviación civil y el Gobierno amenaza con complicar la actividad aerocomercial durante el próximo fin de semana largo. La medida fue ratificada por el sector de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que se desempeña en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
El plan de lucha se desarrollará entre el miércoles 18 y el martes 24 de marzo, con interrupciones rotativas en dos franjas horarias clave: de 9 a 12 y de 16 a 20. Durante esos períodos, los trabajadores limitarán sus tareas a garantizar únicamente vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales.
Desde el gremio advirtieron que la medida podría generar cancelaciones y demoras en distintos aeropuertos del país, con impacto directo en la conectividad aérea durante uno de los momentos de mayor movimiento turístico.
El conflicto se originó por el estancamiento de las negociaciones paritarias. Los representantes sindicales denuncian una “quita salarial encubierta” y aseguran que no se respetaron acuerdos alcanzados previamente con la gestión anterior de la Secretaría de Transporte.
El coordinador nacional de ATE-ANAC, Marcelo Belelli, sostuvo que la protesta responde a la falta de propuestas oficiales. “Siempre manifestamos nuestra postura abierta al diálogo, pero hasta ahora no hemos sido convocados”, señaló.
La medida alcanza a áreas clave del sistema aerocomercial, como control terrestre, sanidad aeronáutica, bomberos de aeropuertos y sectores de fiscalización y capacitación, cuya presencia es indispensable para el funcionamiento operativo de las terminales aéreas.
En paralelo, el sindicato recibió recientemente un respaldo judicial luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le permitiera integrarse a la mesa negociadora del convenio colectivo de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
El conflicto vuelve a tensionar al sector en un contexto de alta demanda turística y abre interrogantes sobre la política salarial que el Gobierno aplicará este año en áreas técnicas estratégicas del Estado.







