La reforma otorga mayor autonomía a las provincias y promueve el desarrollo económico en áreas estratégicas, manteniendo criterios de protección ambiental.

El proyecto de modificación de la Ley de Glaciares, impulsado por el gobierno nacional, busca actualizar los criterios de protección de las zonas periglaciares, permitiendo un equilibrio entre conservación y desarrollo económico. La iniciativa otorga a las provincias mayor facultad para decidir qué áreas resguardar y cuáles habilitar para actividades productivas, como la minería, bajo estrictos controles ambientales.

Gobernadores de Catamarca, San Juan, Salta y Mendoza respaldan la reforma para fomentar inversiones millonarias en sus provincias, aprovechando el régimen del RIGI incluido en la Ley Bases sancionada en 2024. La propuesta ya obtuvo media sanción en el Senado por 40 a 31 votos, marcando un paso clave hacia la implementación de la nueva normativa.

Entre los principales cambios, se elimina la prohibición automática de actividades extractivas en zonas periglaciares, habilitando desarrollos económicos siempre que cuenten con la aprobación de evaluaciones de impacto ambiental. Esto permitirá aprovechar recursos estratégicos sin comprometer la protección de los glaciares esenciales para las cuencas hidrográficas del país.

La Ley 26.639 de 2010, vigente hasta ahora, estableció criterios mínimos de protección y creó el Inventario Nacional de Glaciares. La actualización busca modernizar los registros, que según los gobernadores se encuentran desactualizados, y optimizar la gestión territorial con información técnica actualizada.

Con estas modificaciones, el gobierno promueve un esquema que combina desarrollo económico y cuidado ambiental, fortaleciendo la autonomía provincial y generando oportunidades de inversión en sectores estratégicos como la minería, manteniendo estándares de protección para las áreas de mayor relevancia hídrica.