La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas criticó la reglamentación de la reforma laboral y advirtió que mantiene contribuciones obligatorias que elevan los costos de las empresas.

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) expresó su rechazo al Decreto 612/2026 y cuestionó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, por el alcance de la normativa vinculada con los convenios colectivos de trabajo.

El planteo empresarial se centra en los aportes que deben realizar las compañías por cada trabajador alcanzado por el convenio colectivo de empleados de comercio. Entre ellos se encuentran las contribuciones al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), incluso cuando los empleados no reciban capacitación.

Según la entidad, ese mecanismo representa una recaudación superior a los $30.000 millones anuales y beneficia a determinadas cámaras empresarias, aunque las compañías que realizan los aportes no necesariamente hayan decidido asociarse a esas instituciones.

El Decreto 612/2026 establece que las contribuciones y aportes acordados por los empleadores dentro de los convenios colectivos deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores. Para CADAM, la modificación no elimina el carácter obligatorio de estos costos y se aparta del objetivo que, según la cámara, tenía inicialmente la reforma laboral.

La entidad mayorista sostiene que las empresas deberían conservar la libertad de decidir si realizan aportes a cámaras, asociaciones u otras organizaciones empresariales. El eje de la discusión, según su planteo, está en diferenciar las contribuciones voluntarias de aquellas que surgen de acuerdos colectivos en los que las compañías no participaron directamente.

El reclamo vuelve a poner bajo discusión el impacto de los convenios colectivos sobre los costos laborales y el alcance de las medidas de desregulación impulsadas por el gobierno. Para CADAM, cualquier reforma destinada a reducir cargas para las empresas debería garantizar que este tipo de contribuciones respondan a decisiones voluntarias de los empleadores.