El Consejo General de Educación aceptó la salida de Juan Carlos Kategora y mantuvo abierto el sumario para determinar si hubo irregularidades en las licencias y una posible incompatibilidad laboral. También ordenó revisar los permisos prolongados en toda la provincia.

El Consejo General de Educación de Misiones aceptó la renuncia de Juan Carlos Kategora, director titular de una escuela rural de Colonia Paraíso, quien acumuló 3.363 días de licencia durante sus 18 años en el sistema educativo provincial.

Kategora estaba al frente de la Escuela 733, ubicada cerca de San Vicente, y durante sus períodos de ausencia la dirección fue ocupada por personal suplente. Los registros incluyen permisos por enfermedades, atención de familiares, cambios de tareas y tratamientos prolongados, además de períodos en los que habría cumplido funciones en otras dependencias públicas.

El organismo educativo mantendrá abierto el sumario para determinar si las licencias contaron con documentación válida y establecer si existió una incompatibilidad con tareas atribuidas al mismo agente en Energía de Misiones. La investigación también analizará la intervención de las juntas médicas y el circuito administrativo utilizado para autorizar los permisos.

Las fotografías de viajes al exterior correspondientes a algunos períodos de licencia también fueron incorporadas al análisis público del caso. Sin embargo, esas imágenes no permiten determinar por sí solas la existencia de una irregularidad, por lo que deberán ser contrastadas con certificados médicos, historias clínicas y las condiciones específicas de cada autorización.

Tras aceptar la renuncia, el Consejo dispuso dejar de liquidar los haberes de Kategora desde agosto. El sumario, que tendrá un plazo máximo de seis meses, continuará pese a su salida del cargo. Además, el organismo ordenó revisar las licencias de largo tratamiento vigentes en toda la provincia para detectar posibles fallas en los controles.

En paralelo, un diputado provincial presentó una denuncia ante la Justicia para determinar si pudieron configurarse delitos contra la administración pública. La presentación no implica una declaración de culpabilidad y deberá ser evaluada por la Fiscalía, mientras el Consejo busca establecer si existió perjuicio económico y qué responsabilidades administrativas podrían corresponder.