El presidente colombiano ordenó operativos para localizar y expulsar a migrantes en situación irregular, mientras anunció nuevas medidas contra la extorsión y el crimen organizado.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una nueva estrategia de seguridad que incluye la deportación masiva de migrantes en situación irregular. La medida contempla operativos coordinados para localizar a extranjeros sin documentación regularizada, con prioridad para quienes sean vinculados con delitos.

El mandatario sostuvo que las autoridades migratorias deberán avanzar con las expulsiones una vez identificadas las personas en situación irregular. La decisión anticipa un endurecimiento de la política migratoria colombiana y podría generar cuestionamientos vinculados con derechos humanos y cooperación regional.

Como parte del nuevo esquema contra el crimen organizado, De la Espriella anunció que los grupos armados ilegales serán tratados como organizaciones terroristas. El objetivo, según explicó, es unificar la respuesta de las fuerzas de seguridad y ampliar las herramientas disponibles para combatir a estas estructuras.

Entre las principales medidas figura la creación inmediata de un Bloque Nacional de Búsqueda contra la Extorsión, integrado por el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aérea, con participación de la Fiscalía y la Justicia. También se dispuso reactivar el sistema de recompensas, realizar operativos de redadas, movilizar redes de cooperantes y efectuar traslados carcelarios para impedir que las prisiones sean utilizadas para organizar extorsiones.

El plan contempla además cuerpos de fiscales y jueces especializados en cada ciudad y la reactivación de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Ese organismo tendrá acceso a información bancaria correspondiente a los últimos cuatro años, con el objetivo de fortalecer las investigaciones sobre las estructuras económicas del crimen organizado.

De la Espriella planteó una coordinación unificada de la Fuerza Pública y marcó diferencias con la política de seguridad aplicada durante el gobierno de Gustavo Petro. Las nuevas medidas abren un debate sobre el alcance de las deportaciones, el tratamiento de los grupos armados y las garantías para los migrantes, además de sus posibles repercusiones en la relación de Colombia con otros países de la región.