El nuevo esquema busca agilizar los procedimientos y reforzar el control fronterizo, con la incorporación del triaje y mecanismos acelerados para evaluar solicitudes de protección internacional.

España aprobó los anteproyectos para reformar las leyes de asilo y extranjería, luego de la crisis migratoria registrada en Ceuta a finales de julio, cuando se produjo la llegada masiva de entre 70.000 y 80.000 personas. La iniciativa apunta a establecer un sistema más rápido y ordenado, sin reducir las garantías para quienes soliciten protección.

Una de las principales novedades será la incorporación del triaje, un proceso destinado a recopilar información de las personas que ingresen al país sin haber pasado por los controles fronterizos. Esta etapa tendrá una duración inicial de 72 horas y podrá extenderse por decisión judicial.

La reforma también diferenciará entre un procedimiento ordinario y otro acelerado para analizar las solicitudes de protección internacional. En este último caso, la resolución deberá completarse en un plazo máximo de tres meses.

El nuevo marco busca adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado en 2024. Además, actualizará las definiciones de protección internacional, condición de refugiado y protección subsidiaria, e incorporará de manera explícita situaciones de persecución vinculadas con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.

La propuesta pretende responder al fuerte incremento de las solicitudes de protección internacional, que pasaron de unas 3.000 en 2009 a 167.000 en 2024 y 144.000 en 2025. El esquema combina una perspectiva centrada en los derechos humanos con mayores herramientas para administrar las fronteras y agilizar los procedimientos.

La reforma de extranjería contempla además un procedimiento fronterizo de retorno para las personas que ingresen irregularmente y no tengan derecho a protección internacional. El retorno deberá ejecutarse en un plazo de hasta doce semanas. En caso de rechazo de una solicitud de asilo, la persona recibirá también una orden de salida, mientras que el derecho de permanencia previsto durante el trámite no implicará automáticamente la obtención de un permiso de residencia.