El impuesto representa en promedio el 76,2% de los recursos tributarios propios de las jurisdicciones y en algunas provincias supera el 90%, mientras su peso creció de manera sostenida durante las últimas décadas.

El Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) se consolidó como la principal fuente de recursos tributarios propios de las provincias. En el primer trimestre de 2026, representó en promedio el 76,2% de la recaudación de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una recaudación anual cercana a los US$ 25.000 millones.

La participación del tributo presenta fuertes diferencias entre jurisdicciones. Río Negro y Tierra del Fuego son las únicas donde representa menos del 70% de la recaudación propia, con 64,7% y 53%, respectivamente. En el extremo opuesto aparecen Santa Cruz y Misiones, donde alcanza el 90,6% y el 90,2%.

También registran una elevada dependencia de Ingresos Brutos Salta, con el 89,3%; Catamarca, con 88,7%; Formosa, con 88,3%; y Neuquén, con 88,2%. El peso del impuesto muestra así una marcada presencia en prácticamente todo el sistema tributario provincial.

La importancia de IIBB creció de manera significativa en las últimas décadas. En 1984 representaba el 52% de los ingresos tributarios propios de las provincias, mientras que en 2003 llegó al 62% y cuatro años después alcanzó el 70%. La participación continuó aumentando hasta tocar un máximo de 83,5% en 2023, aunque posteriormente registró una moderación.

El crecimiento de este impuesto estuvo acompañado por una expansión del gasto público provincial. Según el análisis, el gasto pasó de representar el 8% del Producto Interno Bruto en 1984 al 12% en 2003 y al 16% en 2023. La mayor recaudación de sectores vinculados con actividades como la energía y la minería también permitió reducir parcialmente la dependencia de algunas jurisdicciones respecto de IIBB.

Uno de los principales cuestionamientos al tributo está relacionado con su efecto acumulativo sobre las distintas etapas de producción y comercialización, que puede incrementar los costos de bienes y servicios. En este contexto, el desafío para las provincias pasa por revisar la estructura tributaria y reducir la presión sobre empresas y consumidores sin comprometer el financiamiento de las administraciones provinciales.