El máximo tribunal analizará si el gobierno de Donald Trump puede impedir la libertad bajo fianza de personas que enfrentan procesos de deportación.

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció que analizará si las autoridades migratorias pueden mantener detenidos sin posibilidad de fianza a inmigrantes que enfrentan procedimientos de deportación. El caso podría definir el alcance de las facultades del gobierno en materia de detención migratoria.

La causa se originó con el caso de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, un ciudadano brasileño que ingresó a Estados Unidos entre 2004 y 2005 a través de la frontera con México. Años después solicitó asilo, obtuvo autorización para trabajar, se casó y tuvo dos hijos nacidos en territorio estadounidense.

El hombre fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mientras se dirigía a su trabajo en Massachusetts. Hasta ese momento, las personas que se encontraban en situaciones similares podían acceder a una audiencia para solicitar la libertad bajo fianza cuando no eran consideradas peligrosas ni presentaban riesgo de fuga.

El gobierno sostiene que una ley migratoria de 1996 establece la detención obligatoria de determinadas personas que ingresaron ilegalmente al país, independientemente del tiempo transcurrido desde su ingreso. Los defensores de los inmigrantes, en cambio, sostienen que esa norma estaba destinada principalmente a quienes eran detenidos en la frontera y que los residentes de larga duración deberían poder solicitar la libertad bajo fianza.

Un juez federal había respaldado inicialmente la posición del gobierno en el caso de Barbosa da Cunha, pero dos tribunales federales de apelaciones posteriormente revocaron esa decisión. Otros tribunales de apelación adoptaron una interpretación diferente en causas similares, generando una división judicial que llevó el asunto ante la Corte Suprema.

Barbosa da Cunha obtuvo la libertad bajo fianza en octubre de 2025. Ahora, los nueve jueces del máximo tribunal deberán establecer cómo debe aplicarse la normativa migratoria en estos casos. El procurador general John Sauer sostuvo que la cuestión tiene una importancia central para la política de detención y deportación impulsada por la administración Trump.