La entidad alertó sobre la seriedad y el alcance institucional que conlleva la decisión de establecer desde el Estado lo que calificó como un “tribunal de la verdad”, advirtiendo que este tipo de mecanismos podría afectar la independencia de los medios, limitar la pluralidad informativa y generar tensiones en torno a la libertad de expresión en el país.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) expresó su profunda preocupación y rechazo frente a la creación de la cuenta en la red social X denominada “Oficina de Respuesta Oficial”, impulsada desde la Presidencia de la Nación con el objetivo de desmentir noticias y exponer lo que considera operaciones mediáticas. La entidad advirtió sobre el riesgo institucional que implica establecer desde el Estado un mecanismo que funcione como un “tribunal de la verdad”, y señaló la gravedad de que la iniciativa haya sido difundida desde la cuenta oficial de Prensa de la Presidencia.

FOPEA recordó que, según su Código de Ética, la labor periodística tiene como principio fundamental la búsqueda de la verdad mediante el rigor profesional, la verificación de información, la multiplicidad de fuentes y la honestidad intelectual, nunca imponiendo un dogma. Subrayó que el periodismo no puede determinar desde una posición de poder qué es verdad y qué no, sino que debe limitarse a aportar información verificada, y que la intención de establecer una “verdad oficial” va en contra de los pilares de una sociedad libre.

La entidad alertó que esta estructura oficial utiliza recursos públicos para vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor crítica de los periodistas, en un contexto donde el acceso a fuentes de información se restringe, no se brindan conferencias de prensa regulares y se dejó sin cobertura la vocería presidencial. FOPEA advirtió que este tipo de acciones han sido motivo de preocupación a lo largo de sus 23 años de existencia, especialmente cuando otros gobiernos promovieron iniciativas similares.

Finalmente, FOPEA afirmó que el Estado debe garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, sin auditar ni hostigar a quienes informan. La entidad destacó que, aunque el periodismo está sujeto a la crítica, ninguna autoridad oficial puede clausurar el debate público, ya que hacerlo no solo invalida al otro, sino que también socava la libertad de expresión y la rendición de cuentas necesarias en una democracia.