La iniciativa busca incluir un registro específico en los relevamientos del INDEC con el objetivo de contar con datos oficiales que contribuyan al diseño de políticas públicas para este sector de la población.

La Cámara de Diputados analizará este martes un proyecto de ley que propone incorporar un registro de personas electrodependientes en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) cada diez años.

La propuesta será tratada en el marco de una reunión de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, presidida por la diputada Estela Neder, convocada para las 16 en el Anexo de la Cámara baja. El proyecto fue presentado por el diputado Carlos Castagneto y forma parte de un temario que también incluye diversas iniciativas de resolución y declaración.

La iniciativa contempla un único artículo que plantea relevar de manera específica a las personas electrodependientes, es decir, aquellas que por razones de salud necesitan de forma permanente suministro eléctrico para el funcionamiento de equipamiento médico indispensable para preservar su vida o evitar riesgos graves.

La legislación vigente establece que las distribuidoras de energía deben garantizar a estos usuarios el acceso gratuito al servicio eléctrico y proveer, sin costo, grupos electrógenos u otros dispositivos adecuados para asegurar la continuidad del suministro ante eventuales cortes.

Entre los fundamentos del proyecto, Castagneto sostiene que la ausencia de estadísticas nacionales dificulta la planificación de políticas públicas destinadas a este sector. En ese sentido, menciona distintos casos de familias que atravesaron situaciones críticas vinculadas a la asistencia y el acceso a tratamientos médicos dependientes de energía eléctrica.

Según el texto, la creación de un registro censal permitiría contar con información oficial y metodológicamente respaldada sobre la población electrodependiente en todo el país, complementando los registros existentes de organismos públicos, entes reguladores, empresas distribuidoras y organizaciones civiles.