Las negociaciones con la Central Obrera Boliviana quedaron en pausa mientras el Ejecutivo exige liberar las rutas para avanzar en acuerdos que permitan superar el conflicto.

El gobierno de Bolivia descartó la posibilidad de otorgar una amnistía general a las personas detenidas durante las recientes protestas y ratificó que el levantamiento de los bloqueos de carreteras es una condición indispensable para retomar el diálogo con la Central Obrera Boliviana (COB).

Las conversaciones entre ambas partes ingresaron en un cuarto intermedio pocas horas después de iniciarse, luego de que la organización sindical reclamara la liberación de los arrestados durante las movilizaciones y los operativos de despeje realizados por las fuerzas de seguridad.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, confirmó que una comisión analiza la situación jurídica de los detenidos, aunque rechazó la posibilidad de una medida general de perdón. Según explicó, el Ejecutivo evaluará cada caso de manera particular dentro de los márgenes que permitan la legislación vigente.

Además, el funcionario advirtió que, si fracasan los intentos de negociación, el gobierno utilizará las herramientas previstas en la Constitución para restablecer la libre circulación en las regiones afectadas. En paralelo, espera una respuesta de sectores campesinos convocados a una nueva instancia de diálogo.

Las autoridades sostienen que varias de las demandas planteadas por los manifestantes son legítimas, pero consideran imprescindible una tregua inmediata en los cortes de ruta para generar condiciones favorables para cualquier acuerdo.

De acuerdo con datos oficiales, más de 40 puntos de bloqueo permanecían activos en cinco departamentos del país, afectando el abastecimiento de alimentos y combustibles, además de provocar pérdidas económicas en distintos sectores productivos. El conflicto se desarrolla en un contexto marcado por dificultades económicas, escasez energética y problemas logísticos.