Marta Elba Pascual sostuvo que la Provincia no dispone actualmente de la infraestructura, el personal ni los recursos necesarios para afrontar un eventual aumento de adolescentes privados de su libertad.

La jueza Marta Elba Pascual defendió la decisión de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires y aclaró que su resolución no cuestiona la reducción de la edad de imputabilidad, sino las condiciones necesarias para poner en funcionamiento el nuevo sistema.

La magistrada advirtió que la Provincia no cuenta actualmente con establecimientos, personal especializado ni recursos suficientes para afrontar un eventual incremento de adolescentes privados de su libertad. Según explicó, ampliar el alcance del régimen sin garantizar esas condiciones podría generar problemas en el tratamiento y la reinserción de los menores.

Pascual señaló que su postura parte de una preocupación por la seguridad y por las condiciones de alojamiento y formación de los jóvenes que ingresen al sistema. En ese sentido, consideró que la privación de libertad sin educación, capacitación laboral ni asistencia terapéutica puede agravar las posibilidades de reincidencia.

Ante las críticas recibidas tras la resolución, la jueza rechazó que su postura implique una defensa de los menores que cometen delitos. Afirmó que reconoce la problemática de la inseguridad y sostuvo que su objetivo es que cualquier modificación en el régimen penal pueda aplicarse de manera efectiva y con garantías.

La suspensión fue dispuesta a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La medida tiene carácter preventivo y busca que las autoridades bonaerenses precisen cómo se implementará la nueva normativa y cuáles serán los recursos destinados a su funcionamiento.

Durante los 60 días establecidos por la resolución, la Justicia analizará las condiciones existentes en la provincia y la capacidad del sistema para absorber a los nuevos adolescentes alcanzados por el régimen. Para Pascual, antes de avanzar con la aplicación de la ley resulta necesario garantizar la infraestructura y los recursos indispensables para evitar que la reforma quede limitada a un cambio normativo.