Un relevamiento expuso una extensa red de parientes del exgobernador distribuidos en el Ejecutivo, la Justicia y la Legislatura. Lejos de retroceder, el dirigente justificó el nepotismo asegurando que llegaron al Estado junto con él.

El debate sobre la transparencia en el Estado jujeño vuelve a estar en el centro de la escena pública. El escándalo se reavivó tras reflotarse la investigación publicada por el diario La Nación, que expuso cómo 25 familiares de Gerardo Morales ocupaban diversos cargos públicos durante su mandato. El relevamiento, que ubicó a Jujuy a la cabeza del ranking nacional de parientes en el poder, detalló una extensa red que incluye a hijos, hermanos, primos y otros familiares del dirigente.

La estructura de nombramientos no se limitaba a un área específica. Según reveló el informe, al menos diez de estos familiares se desempeñaban dentro del Poder Ejecutivo provincial. El resto de la nómina se encontraba distribuida estratégicamente entre el Poder Judicial, la Legislatura y el Congreso. Esta radiografía institucional dejó al descubierto el verdadero alcance de la red familiar de Morales dentro del aparato estatal.

Lejos de ensayar una autocrítica ante la polémica generada por las designaciones en cargos que no son electivos, el exmandatario optó por una defensa cerrada de su entorno. “No tengo por qué echarlos”, fue la contundente respuesta con la que buscó legitimar el reparto de puestos. Para reforzar su postura y justificar la permanencia de su círculo íntimo en la función pública, sentenció sin rodeos: “¿Cómo lo voy a echar? Llegamos juntos”.

Las insólitas declaraciones, sumadas a la magnitud de los nombramientos documentados en todos los niveles institucionales, reavivaron fuertemente las críticas. El caso vuelve a poner bajo la lupa los criterios utilizados para acceder a la función pública y el uso de las estructuras del Estado como un refugio político y familiar.