Transportistas, sindicatos y organizaciones sociales anunciaron movilizaciones tras la eliminación de la subvención, mientras el gobierno sostiene que la medida busca reducir el déficit energético y garantizar el abastecimiento.

La eliminación del subsidio al diésel en Bolivia comenzó a generar tensión social luego de que el presidente Rodrigo Paz Pereira estableciera un nuevo esquema de precios mediante el Decreto Supremo 5716. La medida, vigente desde el 19 de septiembre, ya impacta sobre los costos del transporte y genera preocupación por un eventual traslado a los precios de bienes y servicios.

El gobierno sostiene que la decisión forma parte de un programa destinado a enfrentar la crisis económica, reducir el peso fiscal de los combustibles y mejorar el abastecimiento, después de varios meses de escasez. El objetivo también es corregir la diferencia entre el precio subsidiado y el costo de importación del combustible.

La Central Obrera Boliviana rechazó la eliminación de la subvención y convocó a un ampliado nacional de emergencia para definir posibles medidas de protesta. La organización sindical advirtió que el aumento podría repercutir sobre la economía de los hogares, el costo de la canasta básica y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Los transportistas también se declararon en emergencia y tienen previsto reunirse en Santa Cruz para definir acciones contra el decreto. El incremento del diésel elevó los costos de operación de camiones y autobuses, con posibles consecuencias sobre las tarifas de pasajeros y los fletes para el traslado de mercaderías.

La Defensoría del Pueblo alertó que el impacto podría extenderse a distintos sectores de la economía debido al encarecimiento del transporte, la producción agropecuaria y otras actividades que dependen del combustible. El organismo señaló además que el aumento podría repercutir sobre el abastecimiento y los precios de alimentos y productos de primera necesidad.

A la presión sindical se sumó la de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, vinculadas al expresidente Evo Morales, que se declararon en emergencia y anticiparon nuevas estrategias de movilización. De esta manera, la eliminación del subsidio abrió un nuevo escenario de conflicto mientras el gobierno busca sostener su política de reducción del gasto energético.