El país se convirtió en uno de los pocos en el mundo en habilitar la eutanasia activa, con un sistema regulado y controles médicos estrictos.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, firmó el decreto reglamentario que pone en vigencia la ley de eutanasia, conocida como “muerte digna”, aprobada meses atrás por el Parlamento. Con esta decisión, el país formalizó el marco legal para su aplicación.

De esta manera, Uruguay se convirtió en el tercer país de América Latina y el undécimo a nivel global en legalizar la eutanasia activa, es decir, el procedimiento mediante el cual un médico puede intervenir para poner fin a la vida de un paciente en situaciones de sufrimiento extremo.

El mandatario explicó que la medida es el resultado de un proceso prolongado de debate y reflexión, en el que se consideraron aspectos éticos, médicos y sociales. Además, destacó que previamente se avanzó en la ampliación de los cuidados paliativos como parte esencial del abordaje integral en este tipo de decisiones.

La ley fue aprobada en el Senado con el respaldo del oficialismo y sectores de la oposición, lo que permitió consolidar un amplio consenso político. A diferencia de otros países de la región donde la eutanasia fue habilitada por fallos judiciales, en este caso se estableció mediante una norma específica.

El marco legal establece que podrán acceder al procedimiento personas mayores de edad, con plena capacidad mental, que padezcan enfermedades incurables e irreversibles en etapa terminal o que generen un sufrimiento considerado insoportable, acompañado de un deterioro significativo en la calidad de vida.

Cada solicitud deberá ser evaluada por equipos médicos y profesionales de distintas áreas dentro del sistema de salud, que analizarán las condiciones del paciente y garantizarán el cumplimiento de los requisitos. Además, la normativa contempla que la persona pueda desistir del proceso en cualquier momento.