El ministro de Defensa aseguró que el Estado actuará dentro del marco legal frente a los episodios de violencia registrados durante las protestas y alertó sobre la presencia de factores vinculados al crimen organizado.

El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, afirmó que el país enfrenta una amenaza que trasciende el conflicto interno y que incluye componentes asociados al crimen organizado, el narcotráfico y redes de financiamiento irregulares. En ese contexto, sostuvo que la respuesta estatal será institucional, democrática y ajustada a la legalidad.

Durante un acto de reconocimiento a las Fuerzas Armadas realizado en el Colegio Militar, el funcionario advirtió que el Estado actuará con firmeza frente a quienes intenten alterar el orden democrático mediante la violencia. Además, remarcó que las fuerzas militares cumplirán su misión constitucional con disciplina y apego a las normas vigentes.

Las declaraciones se producen en medio de una creciente tensión política y social marcada por bloqueos de rutas, problemas de abastecimiento y enfrentamientos que ya dejaron efectivos policiales heridos. Uno de los episodios más graves ocurrió en la localidad de San Julián, donde dos agentes resultaron alcanzados por disparos de arma de fuego.

Por su parte, el presidente Rodrigo Paz promulgó recientemente una ley destinada a regular los estados de excepción y adelantó que existe un plan para enfrentar la crisis derivada de las protestas y los hechos de violencia registrados en distintos puntos del país.

Justiniano sostuvo que algunos grupos radicalizaron sus métodos de protesta y acusó a ciertos sectores de promover acciones destinadas a generar temor e inestabilidad. Según indicó, la situación requiere una respuesta firme de las instituciones para preservar la seguridad y el orden constitucional.

El ministro concluyó que el derecho a la protesta debe ser respetado, pero advirtió que los actos violentos constituyen delitos y no pueden justificarse por razones políticas. También reafirmó que la protección de la democracia, la Constitución y la seguridad de la población seguirá siendo una prioridad para el Estado boliviano.