La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría con 16 firmas en la comisión de Mujeres y Diversidad. Propone declarar la emergencia por dos años, con posibilidad de prórroga, para reforzar las políticas de prevención y asistencia.

Diputados nacionales de distintos bloques opositores lograron este miércoles emitir dictamen de mayoría para declarar la emergencia pública nacional en materia de violencia de género contra mujeres y diversidades. El proyecto fue debatido en la comisión de Mujeres y Diversidad y reunió 16 firmas, sin el acompañamiento de los legisladores de La Libertad Avanza.

La propuesta establece la emergencia por un período de dos años, con opción de extenderla por igual plazo, y tiene como objetivo fortalecer las herramientas destinadas a prevenir y reducir los casos de violencia machista. El debate estuvo atravesado por la conmoción social generada tras el reciente femicidio de Agostina en Córdoba.

Durante la discusión, legisladores de la oposición sostuvieron que las estadísticas reflejan la persistencia y el agravamiento del problema. Advirtieron que los femicidios continúan registrándose de manera sostenida y reclamaron mayores recursos, políticas públicas específicas y un compromiso institucional más firme para abordar la problemática.

También hubo cuestionamientos al Poder Ejecutivo por la reducción de programas vinculados a la prevención y asistencia de las víctimas. En ese sentido, distintos diputados señalaron que el Estado debe garantizar mecanismos de protección efectivos y coordinar acciones con las provincias para enfrentar la violencia de género.

Desde el Frente de Izquierda anticiparon su respaldo al proyecto, aunque con observaciones parciales, y remarcaron la necesidad de asignar partidas presupuestarias concretas para que las medidas tengan impacto real. La discusión, señalaron, debe centrarse en la capacidad del Estado para investigar, prevenir y asistir a las víctimas.

Por su parte, La Libertad Avanza rechazó el dictamen y cuestionó tanto el contenido como la forma en que se elaboró la iniciativa. Desde el oficialismo sostuvieron que las políticas implementadas en años anteriores no lograron reducir los índices de femicidio y consideraron que la propuesta tiene un carácter más político que efectivo.